Una vez analizados los datos del desempleo en Castilla y León correspondientes al pasado mes de marzo, CEOE Castilla y León considera que, a pesar de ser positivos, no reflejan el dinamismo que la economía de la Comunidad necesita para el crecimiento empresarial y la consolidación de un empleo estable y duradero.
Así, a nivel intermensual, la tendencia continua siendo positiva con una disminución del paro de 4.446 personas, un 3,58%, situando la cifra de desempleados en la Comunidad en 119.646 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si comparamos las cifras con marzo de 2022, el desempleo también cayó; en este caso, un 8,07%.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la misma aumentó en 7.007 personas, un 0,75% respecto al pasado mes, situándose en 940.061.
Sin embargo, en lo que se refiere a la contratación, la Confederación constata una caída del 8,18% en relación al último año (5.177 contratos menos que en marzo de 2022), lo que evidencia que existe una ralentización de la economía de la Comunidad, en un contexto inflacionista, con un constante incremento de costes de producción, que está afectando de forma directa a las empresas y que puede comportar a medio plazo pérdida de empleo.
De igual forma, CEOE Castilla y León advierte de que el establecimiento de nuevas obligaciones y cargas para las empresas, como el incremento de cotizaciones sociales, no van a resultar positivas en tanto que las mismas se van a traducir en una reducción de los recursos empresariales que deberían emplearse en todo momento al crecimiento empresarial y, con él, a la consolidación de un empleo estable y duradero.
Por ello, la Confederación insiste en que la continuidad de las empresas y su creación pasan necesariamente por un marco regulatorio seguro y previsible y con reducción de cargas burocráticas. Solo en el ámbito de las relaciones laborales en España, en los últimos seis meses, 14 normas, de origen laboral o no, contienen medidas que afectan a la gestión de las relaciones laborales sin que ese sea el objeto de su regulación, creando un marco jurídico profuso, confuso y disperso. A estas habría que añadir otras tantas que se encuentran en cartera.
Asimismo, la Confederación aboga por un marco regulatorio flexible que permita la rápida adaptación a los múltiples desafíos -demográfico, geopolítico, digital, ecológico y global-, así como por la adopción de decisiones que garanticen la preservación del tejido empresarial y prioricen el mantenimiento y la creación de empleo.