Ante los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre del presente año, CEOE Castilla y León observa cómo se confirma una mayor pérdida de dinamismo de la actividad económica, que ya veníamos apuntando en los últimos meses, al mantenerse el contexto de enorme incertidumbre.
Así, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el número de desempleados en Castilla y León en el tercer trimestre en 106.600 personas, cifra que supone un aumento del 6,71% (6.700 personas) respecto al mismo trimestre de 2022, fijándose la tasa de paro en el 9,47%, frente al 11,84% nacional. Si tomamos como referencia el trimestre anterior, el paro se incrementó en 6.000 personas, un 5,92%.
Por lo que hace referencia a la población ocupada, se situó en un total de 1.019.400 personas en Castilla y León en el tercer trimestre del presente año 2023. Con relación al trimestre anterior supuso un aumento de 9.100 personas (0,90%), y un descenso de 2.500 personas (0,25%) respecto al mismo trimestre al año anterior.
Ante estas cifras, CEOE Castilla y León constata cómo, pese al continuo esfuerzo del sector privado en la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales, la citada incertidumbre afecta gravemente a su actividad y dentro de ella a sus proyectos de futuro que se encuentran a la expectativa, más aún ante la previsión de una posible desaceleración económica en los próximos meses. De hecho, continúan un trimestre más las dificultades que condicionan el desarrollo de la actividad empresarial como son el aumento de costes, la inflación, los tipos de interés o el debilitamiento de la demanda.
Por ello, CEOE Castilla y León reivindica no solamente el papel fundamental del tejido empresarial para revertir la actual situación sino que reclamamos el apoyo de las administraciones para impulsar medidas de fomento de la actividad empresarial, pues las empresas son las protagonistas de la creación de empleo.
En este sentido, entiende que las medidas que se han conocido del acuerdo programático de PSOE y SUMAR para la formación de un nuevo Gobierno no ayudarían crecimiento de la economía y la creación de empleo, sino que van a tener un impacto negativo para su actividad, en especial de las pymes y autónomos.
En su opinión, en relación a la reducción de la jornada laboral, existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva. La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador.