La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León valora positivamente los datos del desempleo en Comunidad a lo largo del pasado mes de junio. Manteniéndose la situación de incertidumbre económica, hay que destacar la influencia del inicio de la campaña estival en los datos, al igual que en años anteriores, así como el compromiso del tejido empresarial por la recuperación económica y el impulso del sector privado.
Durante el pasado mes de junio, el número de parados registrados en Castilla y León cayó un 3,93% respecto a mayo, 4.370 personas menos. Respecto al pasado año, el descenso fue del 9,33%, situándose la cifra total de desempleados en la Comunidad en 106.685, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en junio sumó 6.677 personas más que en mayo, un 0,70%, lo que sitúa la cifra total en 962.241. El incremento de la Comunidad es superior a la subida de la afiliación en España, del 0,2%, con 54.541 cotizantes, hasta un total de 20.869.940 afiliados.
A pesar de estas cifras positivas, CEOE Castilla y León aprecia que empresas de múltiples sectores tienen dificultades para cubrir sus vacantes, lo que demuestra una evidente ineficiencia de las políticas activas de empleo, cuyas medidas continuistas frustran el retorno de la cuantiosa inversión realizada. En este contexto incierto, la Confederación insiste no solamente en el fomento de políticas de apoyo a la actividad empresarial sino que considera que es imprescindible que se diseñen de forma diferente, teniendo en cuenta una doble perspectiva. Por un lado, cree que es necesario reenfocar y fortalecer las medidas de apoyo e impulso al emprendimiento, al igual que reforzar las políticas activas de empleo y, en especial, la orientación y formación permanente, que serán aún más relevantes de cara al futuro, con la transformación digital, ecológica y demográfica.
Al mismo tiempo, CEOE Castilla y León considera que es prioritario contar con un entorno institucional que asegure la estabilidad social y política, y con la certidumbre y seguridad jurídica necesarias para estimular la inversión y el proceso de crecimiento y creación de empleo.
En su opinión, la reducción del desempleo, y con ella la existencia de un mercado laboral estable, pasa por una mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, por reducir la presión fiscal, las cotizaciones a la Seguridad Social y por la simplificación administrativa y burocrática.