Los datos de desempleo correspondientes al mes de enero en Castilla y León vuelven a poner de manifiesto un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria y económica, con efectos directos sobre el modelo de relaciones laborales y el desarrollo de la negociación colectiva.
En términos intermensuales, el paro registrado aumentó en 1.971 personas respecto al mes de diciembre, lo que supone un incremento del 1,93%, por encima del 1,26% registrado a nivel nacional. De este modo, el número total de personas desempleadas en la Comunidad se sitúa en 103.976.
Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social experimentó un descenso de 12.620 personas, un 1,27% menos que el mes anterior, alcanzando un total de 982.303 afiliados.
No obstante, en el análisis interanual, los datos reflejan una evolución positiva, con una reducción del desempleo del 5,6%, lo que se traduce en 6.202 personas desempleadas menos en comparación con enero de 2025.
Ante estas cifras y el actual escenario económico y laboral, CEOE Castilla y León realiza un llamamiento firme y urgente para que la creación de empleo de calidad se convierta en la prioridad absoluta e irrenunciable de la agenda política y de la acción pública.
Este objetivo adquiere una relevancia especial en el contexto del acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2026, respecto al cual CEOE Castilla y León ha manifestado su rechazo, denunciando la falta de respeto a los procedimientos básicos de consulta propios del diálogo social y alertando del riesgo que supone un incremento desproporcionado de los costes laborales, que puede comprometer gravemente la viabilidad de un elevado número de empresas.
Desde CEOE Castilla y León insistimos en que alcanzar este objetivo exige un enfoque decidido que impulse la actividad económica y refuerce la competitividad estructural del tejido empresarial. Todo ello en un contexto especialmente preocupante por el aumento del absentismo laboral en la Comunidad, cuya tasa se aproxima a la media nacional, con el consiguiente impacto negativo en la productividad y en los costes que soportan las empresas.
Por todo ello, resulta imprescindible adoptar medidas legislativas y fiscales alineadas con la realidad empresarial, especialmente con la de las pymes, auténtico motor del empleo. Medidas que aporten confianza y seguridad jurídica, eviten cargas regulatorias y costes laborales desproporcionados y promuevan la iniciativa privada como eje fundamental del desarrollo económico a largo plazo y de la creación de un tejido productivo sólido y generador de empleo estable.