Los datos del empleo en Castilla y León correspondientes al mes de julio reflejan un estancamiento en la evolución positiva del mercado laboral observada en los últimos meses. Desde CEOE Castilla y León apelamos a la prudencia ante la evolución de la economía y el impacto que esta puede tener sobre el empleo en la Comunidad.
A pesar de tratarse de un mes tradicionalmente favorable para el mercado laboral gracias a la campaña estival, el número de parados registrados en julio en Castilla y León aumentó un 0,71% respecto al mes de junio, 685 personas. En términos interanuales, el paro descendió un 4,57%, por debajo de la media nacional que cayó un 5,71%, situándose la cifra total de desempleados en la Comunidad en 97.522 personas, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en julio fue de 1.004.360 personas, lo que representa un incremento de 5.619 afiliados respecto a junio y un aumento del 0,56%.
Ante estas cifras, desde CEOE Castilla y León queremos poner en valor el esfuerzo constante del tejido empresarial para mantener y generar empleo, a pesar de las dificultades derivadas de un entorno marcado por la incertidumbre económica, la inseguridad normativa y una presión reguladora creciente, factores que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Para consolidar los avances en el empleo y frenar su desaceleración, consideramos imprescindible evitar la proliferación de anuncios de cambios normativos a nivel nacional que generan incertidumbre, rigidez y un aumento de costes para las empresas. Estas medidas reducen la capacidad de adaptación de las compañías y de las personas trabajadoras ante un entorno en constante cambio.
Las empresas necesitan previsibilidad, seguridad jurídica y marcos regulatorios estables que les permitan operar con garantías. En este contexto, la reciente aprobación del Real Decreto-ley sobre la ampliación del permiso parental, sin el debido diálogo con los interlocutores sociales, constituye un nuevo ejemplo de una dinámica preocupante que margina el modelo de concertación social, clave en la estabilidad económica y social de España desde el inicio de la democracia.
Esta forma de proceder se produce en un contexto especialmente sensible para el tejido productivo de nuestro país. Las empresas españolas afrontan ya una elevada presión: una tasa de absentismo sin precedentes (con 1,6 millones de personas que faltan cada día a su puesto de trabajo); una caída de la productividad por ocupado del 0,7% en el segundo trimestre; una propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales que no tiene en cuenta la diversidad sectorial ni la realidad de convenios y plantillas; una alta fiscalidad que merma la competitividad de las empresas fuera de nuestras fronteras; y la imposición de obligaciones continuas, como los pretendidos cambios del registro horario y la creciente burocracia, que ahogan especialmente a las pymes y autónomos.