Los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre del año vuelven a poner de manifiesto la evolución negativa y preocupante del mercado laboral, con un aumento del número de desempleados en Castilla y León del 6,01% (7.900 personas), en comparación con el segundo trimestre de 2020, lo que supone una tasa de paro del 12,49%. Si analizamos las cifras en relación con el mismo trimestre del año anterior, el recorrido no es mucho mejor, al registrarse un aumento del 9,53%.
Para la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, estos resultados negativos difícilmente darán un giro definitivo si no se adoptan de forma urgente e inmediata medidas de apoyo a las empresa para poder subsistir en esta difícil coyuntura y no hacer más profunda la recesión económica en la que ya están sumidos muchos sectores.
En opinión de la Confederación, desde su máximo compromiso con la salud y la seguridad de los ciudadanos, las sucesivas restricciones de la actividad económica vividas en los últimos meses y la incertidumbre que están generando en el tejido empresarial, acrecentada en los últimos días con la limitación de la movilidad nocturna, están condicionando de forma absolutamente decisiva el futuro de muchos sectores y, por tanto, la creación de empleo.
Es por ello que, para superar la actual situación, CECALE aboga por trabajar, en el marco del Diálogo Social, en la preparación de una salida ante un escenario crítico y catastrófico para el empresariado y seguir avanzando en el Plan de Choque por el Empleo, que debe configurarse como un instrumento donde se reúna en sí mismo toda la capacidad real del Ejecutivo autonómico en su conjunto y recoger las medidas que sean precisas para proteger e impulsar, sobre todo, a los empresarios y trabajadores de los sectores más afectados por la actual situación económica.
En ese sentido, la Confederación considera que resulta inaplazable apostar decididamente por aumentar la liquidez de las empresas, actuando sobre las líneas financieras ICO e Iberaval. Igualmente, la agilización de su tramitación administrativa como la mejora de sus condiciones, -mayores plazos de amortización y una mayor bonificación en sus tipos de interés-, deben ser actuaciones fundamentales para garantizar la supervivencia del tejido empresarial y, con ella, la del empleo en la Región.