CEOE Castilla y León, ante la presentación en el día de ayer del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y, a falta del estudio detallado, considera que es inadmisible la postura adoptada por el Gobierno de decidir de manera unilateral y a espaldas del diálogo social nacional, donde en estos momentos trascurren las negociaciones para nuevas reformas del sistema público de pensiones, subir un 8,6% las bases máximas de cotización.
Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que a CEOE nacional se trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social.
En un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial.
En este contexto, CEOE Castilla y León entiende que estos Presupuestos deberían apostar de forma decidida y realista por el apoyo a la actividad de las empresas, quienes a través del desarrollo de su propia operativa son las que también mantienen y crean empleo, además de ser los que contribuyen a la generación de riqueza, y a través de su capacidad de innovación a la mejora del bienestar económico y social.
Así, CEOE quiere advertir de que aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo, en tanto que de esta forma los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% -sumando la subida del 0,6% incluida en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)- en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada.
Este nuevo golpe al tejido productivo, contemplado en las medidas recogidas en este Proyecto de Presupuestos, preocupa y de forma alarmante, pues parece haber caído en el olvido el importante sobreesfuerzo que han realizado las empresas españolas durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación.
Este nuevo mazazo a la actividad productiva, máxime en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico, siendo éstas las palancas que sustentan ese Estado del bienestar que se pretenden sostener con medidas tan exentas de rigor económico.