Ante el anuncio realizado el pasado lunes por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, en relación a la reducción y eliminación de determinados programa y líneas de actuación en el marco del Diálogo Social y en beneficio de los empresarios y trabajadores de esta Comunidad, la Junta Directiva de CEOE Castilla y León, reunida hoy en Valladolid, valora de forma positiva la disposición del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar en los próximos días una reunión del Consejo del Diálogo Social
Los órganos de Gobierno de la Confederación, desde su más absoluta incredulidad, tanto por las formas de hacer público tal anuncio por el vicepresidente de la Junta, como por el contenido de los mensajes lanzados con calificativos impropios de una sociedad democrática y que cuestionan de forma injustificada el papel del empresariado, entienden que corresponde al presidente del Gobierno regional, como presidente además del Consejo Diálogo Social, aclarar a los agentes económicos y sociales representativos de Castilla y León si las actuaciones anunciadas están consensuadas por el Gobierno de la Junta de Castilla y León o es sólo una decisión arbitraria de una parte del Ejecutivo.
Será entonces en ese momento cuando CEOE Castilla y León, con las explicaciones oportunas, pueda realizar una valoración detallada. En cualquier caso, la Confederación, desde la máxima responsabilidad y compromiso, seguirá trabajando en beneficio de los empresarios de esta Comunidad, porque el Diálogo Social, elogiado dentro de nuestro territorio nacional e incluso a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es entendimiento, no confrontación; voluntad de dialogar y llegar a acuerdos que se materialicen en avance, crecimiento, riqueza, empleo y bienestar económico y social.
Por ello, la Junta Directiva de CEOE Castilla y León solicita el máximo respeto hacia un modelo de trabajo que forma parte de la máxima norma legislativa regional, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como constitucionalmente reconocido en el artículo 7 de la propia Constitución Española.