Comunicado conjunto de CECALE, UGT y CCOO

Hoy la Junta de Castilla y León ha consumado el atropello al Diálogo Social, elemento vertebrador de la sociedad castellana y leonesa que ha propiciado una estabilidad social, económica y laboral de carácter estratégico.

Las tres organizaciones, UGTCyL, CCOOCyL y CECALE manifestamos nuestro más profundo rechazo ante la absoluta falta de lealtad de la que están haciendo gala los representantes del Gobierno de la Junta de Castilla y León hacia el Diálogo Social y ante las organizaciones que lo conformamos.

Esta deslealtad la demostraron claramente el pasado 17 de julio, cuando no se informó en la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social que el día anterior el Gobierno regional ya había enviado a Madrid, al organismo competente, las convocatorias de las ayudas para recabar su autorización.

En esta convocatoria, y a la que nos hemos opuesto frontalmente al no respetar los criterios firmados en los acuerdos del 25 de marzo, se deja fuera a los Expedientes de Regulación de Empleo relacionados con causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, afectando a más de 2.700 expedientes. Las organizaciones que conformamos el Diálogo Social hemos llevado a cabo un esfuerzo de negociación y acuerdo para que los resultados fueran lo menos traumáticos posibles, por lo que lo ocurrido es un hecho gravísimo, ya que se deja fuera de estas ayudas a más de 30.000 trabajadores.

Además, la Junta de Castilla y León, con nocturnidad y alevosía, ha convocado estas ayudas con periodo de solicitud en pleno mes de agosto y exclusivamente durante 14 días, lo que invita a pensar que su objetivo es evitar que se presenten todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos, ya de por sí cercenados respecto a lo pactado el 25 de marzo.

Otro de los aspectos negativos de esta convocatoria es que los trabajadores que hayan estado menos de 45 días en ERTE no tendrán derecho a estas ayudas. Además, las empresas con más de 250 trabajadores, y que tengan multitud de centros repartidos por Castilla y León, con no más de 2, 8 ó 10 trabajadores, como por ejemplo las de limpieza y construcción, por citar alguno de los sectores que se verán afectados, no van a tener derecho a esta prestación. También queremos reseñar que este complemento se limita hasta el 30 de junio, cuando hay  ERTEs autorizados hasta finales del mes de septiembre, y el acuerdo de marzo determinaba como fecha límite de la ayuda dicho mes.

No podemos obviar que también se ha publicado la convocatoria que afecta a los autónomos, contemplándose una cuantía económica máxima cerrada del conjunto de la subvención y con unos plazos exactamente iguales a los de los trabajadores afectados por ERTEs, es decir, durante el mes de agosto. Esto conlleva a que sólo un mínimo porcentaje de los posibles beneficiarios verán concedidas su subvención, siendo el único criterio para ser beneficiario la rapidez en la presentación de la solicitud.

Ante esta falta de lealtad a los acuerdos firmados, los agentes económicos y sociales hemos vuelto a solicitar al presidente de la Junta de Castilla y León y presidente del Consejo del Diálogo Social, Alfonso Fernández Mañueco, una reunión para que dé la cara y desbloquee una situación que en nada beneficia al conjunto de la sociedad castellana y leonesa, en general, y a las 70.000 personas afectadas por esta tropelía, en particular.

El Diálogo Social de Castilla y León es un modelo de referencia en el resto de España. Y así lo ha reconocido la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el mejor ejemplo de Diálogo Social a nivel internacional, que ha servido durante dos décadas para dotar a nuestra Comunidad Autónoma de una paz social y estabilidad económica redundando en beneficio de todos los castellanos y leoneses. Al mismo tiempo, está propiciando el interés de grupos inversores que ven a la Región como una Comunidad con una estabilidad social, económica y laboral que permite el desarrollo de proyectos industriales de primer nivel.

Ahora está en manos del presidente de la Junta de Castilla y León decidir si se va a seguir trabajando en común por las empresas y trabajadores de la Comunidad, o se va a optar por romper con esta vía de entendimiento que, además, está recogida en nuestro Estatuto de Autonomía y que tantos resultados positivos ha dado y sigue dando.