El mes de julio arroja un balance preocupante en los datos de desempleo en Castilla y León y constata las serias dificultades y la falta de estabilidad que afronta el tejido productivo de la comunidad.
Efectivamente, el número de parados registrados en Castilla y León se incrementó en un 2,18 % respecto a junio (2.053 personas más en las listas del desempleo). Aunque respecto al pasado año descendió un 1,24%, la cifra total de desempleados en la comunidad se sitúa en 96.313 personas, rompiendo la tendencia de descenso habitual en la época estival. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en julio fue de 1.022.190 personas, apenas 6.170 más que en junio, lo que supone un débil aumento del 0,61%.
Ante estas cifras, CEOE Castilla y León pone el foco en la necesidad urgente de apoyar el compromiso y la capacidad de adaptación de nuestro tejido empresarial. La inversión y la retención del talento por parte de las empresas de Castilla y León se están viendo seriamente comprometidas debido a un entorno global e interno sumamente complejo.
Desde la organización empresarial consideramos estos datos como una mala noticia para la comunidad y subrayamos la necesidad de interpretar esta evolución negativa como una señal de advertencia a largo plazo. Para revertir esta tendencia y lograr un crecimiento sostenible, es imperativo que las empresas cuenten con un entorno que fomente la inversión y la contratación, y que elimine de forma inmediata cualquier factor que actúe como freno.
Esta necesidad se vuelve aún más urgente este mes de julio, en el que las empresas y autónomos de las zonas rurales afrontan, además, las graves consecuencias económicas y operativas de los incendios forestales que están afectando en las últimas semanas a la región —con focos de especial gravedad en provincias como Ávila o Zamora—, lo que debilita aún más la economía local.
La hoja de ruta de CEOE Castilla y León es clara: necesitamos marcos normativos predecibles que favorezcan, y no penalicen, la actividad empresarial. Resulta esencial frenar cualquier iniciativa que añada rigidez laboral o cargas financieras innecesarias; evitar este tipo de medidas es el único camino para devolver la competitividad a nuestra base empresarial, compuesta mayoritariamente por pymes y autónomos que ya no disponen de margen de maniobra.
Asimismo, reafirmamos nuestra plena disposición al diálogo con la administración, valorando la importancia de implementar ayudas ágiles para los sectores afectados por el fuego y negociar marcos de competitividad estables que frenen la destrucción de empleo. Solo a través de una colaboración estrecha y un marco normativo predecible, que permita a las empresas planificar con garantías, lograremos revertir estos malos datos, superar la estacionalidad y garantizar el futuro económico y social de Castilla y León.