Los datos del paro registrado del mes de marzo publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reflejan una subida del desempleo del 6,21% (8.921 personas), ponen de manifiesto cómo la actual emergencia sanitaria que vivimos con ocasión de la pandemia del COVID-19 ha trascendido significativamente, no sólo a la salud de muchas personas, sino también a la economía y al mercado laboral, afectando gravemente a todos los sectores de actividad y a provincias, y dejando a la Comunidad en una situación crítica.
Tal y como reflejan las pésimas cifras conocidas, el número de parados en Castilla y León alcanza ya los 152.644 desempleados, con un aumento en relación al último año de 3.877 personas (2,61% en tasa interanual); a pesar de que los datos no reflejan la situación real, pues no están contabilizados los trabajadores que ya se han acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Asimismo, el número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 905.998, lo que supuso un descenso de 8.826 afiliaciones respecto al mes anterior (0,96% de variación intermensual) y un caída de 4.400 en relación a marzo de 2019 (0,48 % en variación interanual).
Ante esta situación, CECALE entiende que, aunque lo fundamental es hacer frente a la emergencia sanitaria, es muy importante empezar a reflexionar en el futuro con esfuerzos compartidos, pues, junto a la protección de la salud, el objetivo fundamental es paliar lo máximo posible el impacto económico, preservando el tejido productivo.
En ese sentido, basta hacer referencia no solamente a la movilización del sector privado en innumerables iniciativas orientadas todas ellas a que la actual situación sanitaria se supere lo antes posible sino, igualmente, al Plan de Choque relativo a toda una serie de medidas laborales, económicas y sociales aprobado en la región en el seno del Diálogo Social.
De igual forma, CECALE quiere subrayar que la crisis de emergencia sanitaria que vivimos tiene y, desafortunadamente tendrá, consecuencias en la actividad económica en Castilla y León. Por tanto, requiere de una mayor coordinación y de nuevas acciones fiscales y crediticias, que busquen apoyar a los trabajadores y especialmente a las empresas de la Comunidad, como generadoras de empleo, para que, una superada esta situación, la actividad económica se recupere de forma ágil y continuada. Se necesitan tomar medidas excepcionales en situaciones excepcionales, y, para ello, es imprescindible contar con empresas y trabajadores a la hora de elaborarlas, pues las cifras de los próximos meses serán dramáticas, ya que existen más 27.000 ERTEs de fuerza mayor en la Comunidad de empresas obligadas a la paralización de su actividad, y casi 152.000 trabajadores afectados, aunque la cifra irá en aumento, lo que hace pensar ya en acciones de futuro inmediatas para solventar esta situación.
Los empresarios de Castilla y León, desde un espíritu de solidaridad y responsabilidad, consideran que otras medidas que se han adoptado hasta la fecha, como la limitación empresarial a la extinción de contratos o el denominado “permiso retribuido recuperable”, no únicamente se justifican en un prejuicio irracional hacia el sector empresarial sino que desconocen la realidad de nuestras empresas y, lo que es más grave, nos conducen a una destrucción irreparable del tejido empresarial y, con él, a una destrucción de empleo.